Las herencias de la modernidad y del urbanismo moderno han dejado un legado de mayor desigualdad y pobreza para las mujeres, lo que se ha visto incrementado por el neoliberalismo y los proyectos de mayor expresión territorial enmarcados dentro de la planeación estratégica.
| Comentario de Carla Alexandra Filipe Narciso
La noción relativa al “derecho a la ciudad” surge a finales de los años setenta del siglo XX asociada a posturas de la izquierda intelectual crítica europea. Décadas más tarde adquirirá particular relevancia en América Latina, cuando un conjunto de organizaciones populares, civiles y profesionales suscriban en 2004 la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad. A partir de ese momento, el concepto comenzará a integrarse en los marcos nacionales a nivel de la planeación y la política urbana.
El artículo primero de dicho documento establece: “Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, raza, etnia u orientación política y religiosa, y preservando la memoria y la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta carta” (Foro Social de las Américas, 2004).
Ello se vuelve la utopía de los estudios urbanos “críticos” y del discurso progresista; la apuesta última a los procesos de urbanización, mercantilización y acumulación de capital neoliberal asociados a proyectos de renovación urbana, producción y financiarización de la vivienda, privatización del espacio público, terciarización de la economía urbana, diferenciación urbano-regional, entre muchos otros, sin que los mismos se politicen en las distintas escalas y actores que intervienen en ellos. Además de que las explicaciones de estos procesos presentan un sesgo de género importante, ya que los paradigmas e instrumentos teóricos explicativos se han establecido desde la autoridad patriarcal y la supremacía masculina, dejando de lado el papel y la participación de las mujeres; pero, más importante aún, dejando de lado cómo esos procesos han oprimido y subordinado a las mujeres en distintas escalas espaciales, en lo que Massey (1991) ha definido como “sexismo flexible”.
Entonces ¿dónde queda ese derecho a la ciudad por parte de las mujeres? A ello se suma el hecho de que la perspectiva de género ha sido, en los últimos años, un tema de elevado interés en distintos ámbitos de la vida social, política y académica, así como al nivel de la política y planeación urbana, el diseño urbano y la ciudad en su abstracción conceptual.
La perspectiva de género ha encabezado las agendas políticas asociadas con los foros de las agendas de la onu Hábitat, estableciéndose como parte de los objetivos de desarrollo sostenible (ods) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la Asamblea General de la onu en septiembre de 2015, y del derecho a la ciudad. De ello han derivado manuales, guías, acciones y algunas directrices de diseño en las que se reconoce la incorporación de la perspectiva de género, posicionándose el concepto como la panacea (se ha despolitizado) que permite legitimar social y políticamente a las instituciones y su política discursiva de transformación social desde los derechos, la igualdad y la responsabilidad individual, que procura poner a los hombres y las mujeres en circunstancias de igualdad.
Lo anterior surge en el año de 1995, con la cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres en Pequín, China, donde se establece la necesidad de incorporar “la perspectiva de género en las políticas generales relacionadas con todas las esferas de la sociedad, así como en la aplicación de medidas positivas con ayuda institucional y financiera adecuada en todos los niveles” (Ecosoc, 1997).
En 2010 la Asamblea General creó ONU Mujeres. A partir de ahí se empiezan a generar diferentes propuestas en distintas escalas para la incorporación y transversalización de la perspectiva de género. En el ámbito de la planeación y el diseño urbano empiezan a surgir conceptos como los de “ciudad cuidadora”, “ciudad de los 15 minutos”, “manzanas del cuidado” y “movilidad sostenible”, entre otros, dentro de lo que hoy se denomina urbanismo feminista o arquitectura con perspectiva de género. Pero ¿qué significa hablar de una “ciudad cuidadora” sin tener en cuenta las relaciones de poder que se dan en distintas escalas y configuran procesos de apropiación espacial diferencial desde las condiciones particulares de vida de las mujeres?
Si bien, como menciona Alejandra Massolo (1991), los “análisis, los debates y la formulación de políticas y programas ya no pueden seguir teniendo un enfoque neutralmente genérico: esto es, haciendo abstracción de la existencia diferencial de la mujer y el hombre, aunque compartan una misma vivienda autoconstruida o rentada y una misma condición de segregación social en el espacio urbano”, el hecho es que en la actualidad la incorporación de la perspectiva de género en el derecho a la ciudad ha servido, más bien, para legitimar ideologías políticas, porque en la praxis no se han establecido los instrumentos para hacer valer ese derecho. Además, no se reconoce a las mujeres y el papel que estas han tenido en sostener la construcción de la ciudad y su resistencia a través de la toma de las calles en la lucha por el espacio y mejores condiciones de vida.
Las mujeres en las ciudades mexicanas
La historia de la ciudad y de los procesos de urbanización en México ha puesto en el olvido y ha borrado un poco más de la mitad de la población: las mujeres.
“Los aportes de las mujeres a los avances en la ciudad son evidentes. Lo notable es que han sido realizados en desventaja de género, y para la mayoría también de clase, con sobre carga de trabajo y doble jornada, en desigualdad y bajo formas de dominación, apropiación y control lacerantes.” (Lagarde, 2012)
“En el 85 las mujeres salieron de los escombros a rehacer sus casas, nuestra ciudad y a reanimar la vida cotidiana como reconstruyen tras cada desastre ‘natural’ viviendas, escuelas, barrios y comunidades.” (Lagarde, 2012)
“La experiencia de las mujeres y la experiencia femenina tienen una historia que, aunque no es independiente de las de los hombres, es, sin embargo, una historia propia: de las mujeres como mujeres” (Bock, 1991). Sin embargo, la historia no cuenta su historia, tanto en su participación como constructoras de la ciudad como las consecuencias de los distintos modelos de urbanización en su vida y experiencia cotidiana. Históricamente, las mujeres han sido las más violentadas y en mayor desigualdad social como consecuencia de los procesos de expansión urbana; han sido despojadas de sus territorios y empujadas hacia la periferia sin una vivienda digna (solo 34% de las mujeres en México tiene acceso a un crédito de vivienda frente a 66% de los hombres); condenadas a traslados de horas en un transporte público deficiente y expuestas a distintos niveles de violencia en el espacio público. Sin embargo, tanto en la teoría como las acciones políticas, sus prácticas y experiencias no son consideradas.
Mapa 1- Geografía demográfica de las mujeres en la CDMX.
(Fuente: Elaborado por Camila Zepeda García.)
Mapa 2- Feminicidios y Nivel de marginación por AGEB.
(Fuente: Elaborado por Camila Zepeda García.)
Mapa 3 – Acoso Sexual por Alcaldía (2023).
(Fuente: Elaborado por Camila Zepeda García.)
Mapa 4- Grado de Vulnerabilidad[1] (2020).
(Fuente: Elaborado por Camila Zepeda García. | Resumen de valores sobre población femenina en temas de: jefatura femenina en hogares, grado promedio escolar, personas hablante de alguna lengua indígena con español, población desocupada, población menor de 24 años y mayor de 60 y hacinamiento (Datos abiertos de CdMx).)
México ocupa el segundo lugar (de 23 países) donde el número de feminicidios para el 2021 fue el más alto de América Latina. En 2019 la sesnsp reportó 890 feminicidios. De acuerdo con el Inegi, en el mismo año en México se reportó un máximo histórico de homicidios dolosos contra las mujeres: 3.893 casos; en 2018 fueron 3.752 y en 2017, 3. El año 2012 registra el mayor número de feminicidios en la historia del país al registrarse 1,006, mientras que 2,747 asesinatos de mujeres se registraron como “homicidios dolosos”.
Tan solo de enero a octubre de 2022 se reportaron 792 feminicidios. Según datos del cuarto trimestre de 2023 del Inegi, las mujeres presentan mayor percepción de inseguridad que los hombres, y ello se incrementa dependiendo del espacio: el transporte público, las calles que habitualmente usan y el parque donde la percepción de inseguridad es mayor.
Las mujeres están teniendo una ocupación del espacio público cada vez más importante, ya que tasa de informalidad laboral (til1) por sexo entre 2016-2022 es mucho más elevada para las mujeres, factor que incrementa exponencialmente la violencia hacia a las mujeres por las condiciones de resistencia frente a los grupos de poder que controlan el espacio público (además de las largas jornadas de trabajo, la explotación laboral y, en que algunas de ellas, en el mismo espacio público convergen actividades de cuidado). De igual manera, para el mismo periodo ha habido un aumento de la pobreza, siendo las mujeres las que presentan un mayor crecimiento, ejemplificando claramente lo que Diana Pearce[2] (1978) definió como feminización de la pobreza.
Tabla 1. Población y porcentaje según indicadores de carencia social y sexo, 2020. (Fuente: INEGI (2023). Mujeres y Hombres en México 2021-2022. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463907381.pdf)
Para el caso concreto de la Ciudad de México, el artículo 12 de la Constitución capitalina garantiza el derecho a la ciudad en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. En su artículo 13, el mismo ordenamiento menciona el derecho al espacio público, reconociendo que éste tiene “una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales”.
Asimismo, menciona la necesidad de un diseño que promueva los mismos valores que marca la Constitución: igualdad, no discriminación, inclusión y un “diseño universal”. Lo anterior suena como la punta vanguardista de una ciudad democrática para todos, una ciudad igualitaria y de derechos, donde el espacio público figura como la convergencia de prácticas diferenciadas, tolerantes e inclusivas (Filipe, 2023:85).
¿Pero dónde queda ese derecho a la ciudad si son las mujeres las que más padecen las “bondades” del progreso y el desarrollo a partir de la transformación urbana; y, más aún, considerando que la perspectiva de género es en la actualidad un eje transversal y “prioritario” en las agendas políticas internacionales y nacionales?
Las herencias de la modernidad y del urbanismo moderno han dejado un legado de mayor desigualdad y pobreza para las mujeres que se ha visto incrementado por el neoliberalismo y los proyectos de mayor expresión territorial enmarcados dentro de la planeación estratégica. Hoy, las mujeres se enfrentan a luchas y resistencias de mayor envergadura, considerando el poder de los actores políticos, económicos y financieros que el orden neoliberal ha establecido; y, con ello, vuelven a tomar las calles en forma de protesta denunciando diversas tácticas y estrategias políticas del Estado y de las inmobiliarias, como los discursos mediáticos y prácticas institucionalizadas de alusión al “progreso”, pero que las somete a procesos crecientes de desigualdad espacial que va en contra de sus derechos humanos como el acceso al agua potable, la vivienda y la participación ciudadana en asuntos públicos. Tal es el caso del proyecto de la Torre Mitikah, para el que se reprimió jurídica y físicamente a la resistencia del pueblo originario de Xoco; o de las obras de renovación del Estado Azteca por cuenta del Mundial de Futbol 2026, que legitiman el acceso inequitativo a la vivienda, la movilidad y el agua para las colonias populares de los Pedregales de Coyoacán. Así, ambos proyectos han sido rebatidos por movimientos sociales con un notorio liderazgo y participación de mujeres de la clase popular (Red de Mujeres en la Defensa del Territorio).
“La vieja y reconocida estructura patriarcal ha ido mutando, ha ido desestructurando y desmontando sus responsabilidades, reconstruyendo un poderío mucho más cómodo, fortaleciendo y anudando sus espacios de poder, desdibujando sus límites y posibilitando su ejecución para quienes lo controlan. Desde ahí negocia lo innegociable, tolera lo intolerable y borra lo imborrable en un discurso incluyente y demagógico.” (Pisano, 2001).
¿Urbanismo con perspectiva de género?
En el ámbito de la planeación urbana y, en lo particular, en las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo —disciplinas altamente subordinadas como instrumentos de poder del Estado, y que organizan el espacio y la vida cotidiana a distintas escalas— se ha venido reproduciendo formas de acción institucionalizadas que han integrado la perspectiva de género y las mujeres; aunque mucho de este trabajo, sobre todo en el contexto institucional de México, se ha configurado desde una estructura colonialista y pensado desde lo sectorial. Ello pasa, también, por la postura epistemológica con la cual se configura el espacio —espacio contenedor y absoluto—, materia prima de la arquitectura y el urbanismo, y que parece servir en buena medida a la misma institucionalización del género, porque homogeniza a los sujetos y a los procesos; aunque mencione a las mujeres, ello no es necesariamente desde una postura feminista de género, ya que se desvincula de su unidad cognitiva de significado en términos políticos.
Por ello, como sostiene la geógrafa feminista Doreen Massey (2008), hay que traer el espacio a la vida, hay que conceptualizar el espacio desde una mirada feminista que contrarreste la hegemonía espacial, ya que la configuración del espacio absoluto es un instrumento de poder del Estado a partir del cual se establecen las políticas y planes que organizan la vida cotidiana y, por ende, la vida de las mujeres, basados en un supuesto Estado de derecho, plural e inclusivo.
En este sentido, es fundamental cuestionar y evaluar la instrumentalización de la perspectiva de género en los marcos de la planeación urbana a nivel nacional desde el ámbito de la teoría feminista, que estudie las relaciones de poder en función del contacto y de la interacción personal que surgen entre los miembros de determinados grupos: las razas, las castas, las clases y los sexos (Millet, 1970); asumiendo que las relaciones de poder son transversales a la práctica cotidiana de las mujeres y se organizan por y a través del espacio y las formas en que se materializa las desigualdades de género a través de la acción del Estado como promotor y mediador de los intereses del capital y cómo interviene en la producción de vivienda, el acceso a los créditos, el problema de los desplazamientos, el transporte público, así como el uso del espacio público y las implicaciones que ello tiene en sus prácticas cotidianas.
Ello lleva a suponer que los instrumentos del Estado neoliberal tienen la capacidad de siempre subsumir a las mujeres, porque la categoría de género, como en la actualidad se reconoce en el ámbito institucional, ya no permite explicar y visibilizar las violencias a que están sujetas las mujeres. Al contrario, el género (institucionalizado) legitima una configuración discursiva y normativa que vuelve a opacar las luchas, resistencias y formas de vida de las mujeres, por lo cual neutraliza la propia inserción conceptual; o, más bien, el mismo concepto permite reestablecer casi sin resistencia a las mismas ideas hegemónicas de opresión que el diseño (androcéntrico) ha generado desde la modernidad, resumiéndose a banquetas e iluminarias, o de conceptos que despolitizan la geografía de la desigualdad de las mujeres como “proximidad”, “legibilidad”, “seguridad” y “ciudad de los cuidados”, que invisibilizan y, por ende, conservan intactas prácticas patriarcales ortodoxas por y a través del diseño y de la política urbana en general.
[1] Pearce, D. The Feminization of Poverty: Women, Work and Welfare. Urban and Social Change Review, Washington, v. 11, p. 28-36, 1978.
[2] Resumen de valores sobre población femenina en temas de: jefatura femenina en hogares, grado promedio escolar, personas hablante de alguna lengua indígena con español, población desocupada, población menor de 24 años y mayor de 60 y hacinamiento (Datos abiertos de CDMX).
REFERENCIAS
| López, Jonás (27 de septiembre de 2023). “CDMX deja de enviar mil 500 toneladas de basura a rellenos sanitarios”, en Excélsior. Disponible en https://tinyurl.com/4r8a9bjx (Consultado el 7 de marzo de 2024).
| Bock, Gisela; Ferrandis Garrayo, Marisa. (1991). La historia de las mujeres y la historia del género: aspectos de un debate internacional. Historia Social, 9, 55–77. http://www.jstor.org/stable/4034054.
| Filipe, Carla (2023). El discurso de la falsa inclusión y la democratización del espacio público desde una mirada feminista, en Bitácora,
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA (ENSU). Cuarto trimestre de 2023. / Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México: INEGI, c2023
| Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Mujeres y Hombres en México 2021-2022 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México: INEGI, c2023
| Lagarde, Marcela (2012). El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías. Ciudad de México: Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
| Massey, Doreen (1991). Sexism Flexible. Environment and Planning Society and Space. Volumen 9, pp. 31-57. Massey, Doreen (2008). Massey, Doreen (2008). Pelo espaço. Brasil: Bertrand.
Agradecimientos
Con profundo agradecimiento y admiración a las Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura (MOFA) y a mis alumnas del Seminario Permanente de Estudios Críticos sobre Espacio Público, mis más grandes maestras en el feminismo y en la búsqueda de respuestas individuales y colectivas para la toma de consciencia y responsabilidad desde una ética feminista en la práctica docente y de investigación para la transformación de la ciudad desde y con las mujeres.
