Adultos mayores y derechos humanos

Los derechos humanos de las personas mayores son un tema poco tratado y mínimamente considerado en el ámbito médico, desde donde muchas veces al viejo se le convierte en un dependiente absoluto carente de poder de decisión. En ese contexto, resulta importante conocer la labor del Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, creado por la Red Internacional para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Rindhaca, por sus siglas en inglés).

Esta red global está conformada por un conjunto muy diverso de integrantes que incluye a organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, universidades y centros académicos, así como expertos independientes, todos en pos de un mismo objetivo: promover y proteger los derechos de las personas de la tercera edad.

Desde la Rindhca se planteó la necesidad de crear un grupo de trabajo específico sobre derechos humanos y envejecimiento, debido a la ausencia de normas e instituciones globales especializadas en este campo, pese a que se prevé que para 2050 habrá unos 2 100 millones de personas mayores de 60 años en todo el mundo; es decir, más de 20 por ciento de la población del mundo. Además, desde el derecho internacional tampoco existe un sistema integral que responda a las formas particulares de violación de los derechos humanos de este grupo.

Con el fin de subsanar tal carencia, la Rindhca creó el Grupo de Trabajo con diez especialistas, procedentes de todos los continentes, con amplia trayectoria en el sistema universal e interamericano de derechos humanos y en mecanismos nacionales y regionales de protección de derechos fundamentales.

El objetivo del Grupo de Trabajo es evaluar la situación de las personas de edad avanzada en esta materia. El propósito incluye un diagnóstico de los marcos jurídicos existentes y su instrumentación por parte de los Estados, el cual abarcará leyes, políticas públicas, estrategias institucionales, programas específicos y la apropiación de recursos para garantizar de manera efectiva el respeto a estos derechos.

Con base en estas evaluaciones, se espera que el Grupo de Trabajo prepare propuestas concretas para el fortalecimiento de los sistemas universales y regionales de protección de las personas mayores. La expectativa: que sus recomendaciones se traduzcan en cambios y mejoras tangibles en varios ámbitos de la protección de este sector de la población.

A partir del trabajo del Grupo, se proyecta la posibilidad de elaborar una nueva Convención internacional específica sobre los derechos de las personas de edad avanzada. En la actualidad, no existe un tratado global legalmente vinculante para los Estados que aborde de manera integral los vacíos y desafíos relativos a la protección de los derechos humanos de este tipo de personas.

El Grupo se enfoca particularmente en estudiar la viabilidad y el potencial alcance de una convención de ese tipo. Analiza también el valor agregado respecto de los mecanismos e instrumentos jurídicos existentes, así como los elementos que deberían contener, entre otros:

  • La participación política de las personas mayores.
  • La no discriminación por edad o género.
  • El acceso universal a servicios de cuidado de largo plazo.
  • La regulación del consentimiento informado en tratamientos médicos.
  • La prevención del abuso financiero.

Incorporar la perspectiva de género de manera transversal es otro de los objetivos, a partir de una amplia y profunda exploración de las formas particulares y agravadas en que se niegan derechos a las mujeres adultas mayores en todo el orbe.

Para recopilar insumos, el Grupo consulta a diversos actores, como Estados, organismos internacionales, la academia, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y grupos representativos de las personas mayores.

Con la presentación de recomendaciones concretas a la Organización de Estados Americanos (OEA) se espera que este tipo de organismos adopten medidas concretas para crear instancias especializadas, designar mecanismos específicos y establecer normas jurídicas focalizadas para la protección de los derechos de las personas de edad avanzada. El trabajo de este Grupo de expertos marcará, sin duda, un antes y un después para cambiar la situación de desatención, invisibilización y falta de prioridad que históricamente han sufrido las personas mayores, principalmente en el ámbito de los derechos humanos.

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