En 1996, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación estableció los parámetros elementales: puede hablarse de “seguridad alimentaria” cuando “todas las personas”, en “todo momento”, tienen garantizado el acceso a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes para “satisfacer sus necesidades energéticas diarias”. Frente a ello, campesinos de todo el planeta exigen reconocer la “autonomía” de los pueblos para decir qué y cómo se producen los alimentos, al margen de la industria y el comercio corporativos.
| Reportaje de Ermilo Mendoza y Octavio Olvera
Al maestro José Jesús Verdín no le importaron las posibles represalias de evidenciar la precaria alimentación con la que acuden sus alumnos al aula. Una mañana de junio de 2023, formó a sus párvulos afuera del salón de clase en la Escuela Primaria Bilingüe “Pípila”, en la comunidad cora El Cangrejo, en la Sierra Madre Occidental, para hacerles una sencilla pregunta: ¿qué habían almorzado?
De 28 alumnos, cinco comieron tortilla con sal; uno de ellos acompañó la tortilla sólo con limón; otro, con nopal; cuatro más, únicamente con chile. Quienes mejor desayunaron ese día fueron ocho niños: tortilla con frijoles; dos, con sopa; cinco lo hicieron con queso, y dos probaron frijoles, sin más.
El maestro Verdín registró en video la breve, pero reveladora encuesta para pedir el regreso del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), proyecto federal que, de acuerdo con el docente, aseguraba al menos una comida diaria a los escolares. El video pronto se hizo viral en las redes sociales y fue noticia en los principales medios de comunicación del país.
Sin embargo, el esfuerzo del profesor no dio el resultado esperado. Las autoridades desoyeron su petición. Sólo vio recompensa en un nutrido voluntariado que colaboró, con dinero y en especie, para brindar una mejor alimentación a sus alumnos.
“Con panza llena”
Quizá sin proponérselo, Verdín reveló una realidad que se constata en muchas zonas de nuestro país donde la pobreza impera. De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, una alimentación sana requiere incluir en la dieta diaria todos los grupos de alimentos: “leche y sus derivados, carnes, huevo y pescado, leguminosas, frutas y verduras, cereales, así como también grasas y aceite”.
En el video, el profesor indica que, por falta de trabajo, los padres de aquellos niños no les pueden brindar una alimentación adecuada. Esto significa que la mayoría de los 145 habitantes de El Cangrejo, Municipio del Nayar, en el estado de Nayarit, forman parte del 3.7% de la población mexicana que enfrenta inseguridad alimentaria, según el estudio El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), y que glosa la periodista Maritza Pérez en El Economista, es decir, el 27.7% de los mexicanos.
Pero el profesor Verdín también dijo una verdad inapelable: “Con hambre, las letras no entran”. La sencilla frase encierra una conclusión común en todos los estudios sobre seguridad alimentaria que se puedan consultar: la malnutrición impide el desarrollo intelectual de los niños. Aún más, reprime su desenvolvimiento físico y los condena a una talla baja, padecimientos crónicos asociados con la anemia y hasta contraer depresión.
Por todo ello, el anhelo del mentor indígena de que sus alumnos lleguen a clases “con panza llena”, como expresó en su video, es una necesidad que no sólo tiene que ver con el desarrollo individual de las personas, sino con el florecimiento de una sociedad justa, progresista y mejor organizada.
Sin embargo, tener la “panza llena” no necesariamente significa estar bien alimentado. Quienes consumen alimentos poco nutritivos y con exceso calórico también entran en el rango de la malnutrición. En México, 70% de su población padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Las dimensiones de esta enfermedad, que tiene escala de epidemia, derivan en otro tipo de afecciones críticas como son las cardiovasculares, diabetes y deformaciones óseas.
Medir el hambre
En las zonas rurales de México, similares a la comunidad El Cangrejo, habita 20% de la población del país. Se trata de zonas de escasa actividad económica, de difícil acceso a los servicios de salud y donde escasea el agua potable. Están representadas, en su mayoría, por pueblos originarios; concentradas en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, de acuerdo con el capítulo “Seguridad alimentaria en hogares mexicanos”, del documento Síntesis sobre políticas de salud elaborado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
Para procurar una mejor gobernanza de la nutrición a nivel mundial, desde 1996 la FAO se ha encargado de crear un sistema de medición de la seguridad alimentaria. En su libro El hambre, el escritor y periodista argentino Martín Caparrós sostiene que es muy difícil medir el hambre, pues se trata de cifras basadas más en cálculos estadísticos que en censos detallados.
Para este autor, el método de la FAO funciona, “pero es tan aproximado que es muy maleable”. Sin embargo, también afirma que el cambio en su metodología logró una reducción importante de desnutridos en la segunda década del nuevo milenio.
Existen fenómenos emergentes que hacen más complejo estimar la carencia y distribución de alimentos. Por ejemplo, conflictos coyunturales, como la invasión de Rusia a Ucrania, que detuvo la comercialización de granos por el Mar Negro; o tendencias de gran calado como el cambio climático, que incapacita progresivamente importantes zonas de cultivo; la migración, fenómeno que pone en tránsito a la población más vulnerable de las naciones, y la creciente demanda de cárnicos, que exige ocupar el agro para la engorda de ganado.
Estos factores entorpecen la medición de la inseguridad alimentaria. Baste constatar, en este sentido, que los datos de la FAO para México varían respecto a los del INSP. Mientras que el organismo internacional asegura que 27.7% de la población mexicana se encuentra en malas condiciones alimentarias, para la dependencia nacional la cifra es 38.6%. Aunque se debe tomar en cuenta que la estimación de la FAO es del año en curso y la del INSP, de 2022.
Estas mediciones deben fungir como indicadores objetivos que coadyuven en el diseño de políticas públicas para combatir la precariedad. De allí la pertinencia de discutir continuamente las metodologías de cálculo. En esa perspectiva, resulta útil recordar cómo inicia el registro de la inseguridad alimentaria en el mundo.
Cuestión de método
El 17 de noviembre de 1996, en Roma, Italia, sede de la FAO, se reunieron 112 jefes de Estado, junto con otros 70 representantes nacionales de alto nivel, durante la última sesión plenaria de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. En ese acto, los representantes de aquellas naciones aprobaron la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial.
Con ese documento, la FAO apuntaló el concepto de seguridad alimentaria en la diplomacia global, y afianzó su liderazgo en el tema mediante el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, en correspondencia a la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, de 1974, con la que se reconoció el derecho humano a no pasar hambre ni desnutrición.
Asimismo, estableció los elementos básicos del concepto: “disponibilidad física”, “acceso”, “utilización” y “estabilidad”. Cuando se mantienen esos cuatro componentes esenciales entre una población, se puede decir que cuenta con seguridad alimentaria. Por el contrario, al reducirse emerge la inseguridad alimentaria, sea transitoria, crónica o estacional.
Algunas de las limitaciones que conllevan los análisis macroeconómicos, como los que estableció la FAO, se pueden observar en nuestro país. Por ejemplo, hasta 2022 la balanza comercial agrícola de México contaba con saldo a favor, lo que suponía que los rendimientos del campo eran suficientes.
Sin embargo, de acuerdo con el análisis “Sufre México de inseguridad alimentaria”, publicado en Gaceta UNAM en noviembre de 2022, si se descuentan las principales exportaciones del país (cerveza y tequila; es decir, destilados no alimenticios), es visible que nuestro mercado depende del exterior para cubrir la demanda interna de alimentos, colocándonos como el principal país importador de granos en el mundo.
Desde 2004, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es la principal entidad técnica que mide y evalúa la seguridad alimentaria en el país. Su enfoque se centra en medir las carencias nutricionales en la cotidianeidad de las familias. Para ello, utiliza el término de pobreza alimentaria, definida como “la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible del hogar para comprarla”.
No obstante, en la escala nacional, la posibilidad de generalizar resultados a un nivel tan amplio puede sacrificar la comprensión de variaciones locales importantes. Por ello, se han planteado esfuerzos alternos dentro de la academia para encontrar una metodología más apegada a la realidad.
Agustín Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEC) de la UNAM, ha dedicado los últimos años de su labor científica al desarrollo de indicadores sobre seguridad alimentaria. Junto con Felipe Torres, investigador del mismo instituto, ha escrito numerosas publicaciones sobre el tema.
En entrevista con Nuevos Diálogos, el economista destacó la importancia de analizar las variaciones regionales de la seguridad alimentaria:
Una de las limitantes que vimos es que la “seguridad alimentaria” se ve desde un espectro general a nivel macroeconómico, muy agregado. El gran límite que tiene el concepto de la FAO, así como los estudios y las recomendaciones derivados; pero, sobre todo, los diagnósticos que hacen, es que no permiten analizar las desigualdades que hay en el territorio. Las desigualdades en el acceso a los alimentos, las desigualdades socioeconómicas. En cierto sentido, tampoco las particularidades que tiene cada espacio territorial y su relación con la alimentación, ni las capacidades productivas que tienen los entornos locales.
Ante este panorama, los economistas decidieron analizar la seguridad alimentaria en un nivel más focalizado al sumar dos variables al método de la FAO: el “análisis de regiones medias” del territorio, en lo espacial, y sus variaciones interanuales entre 2000 y 2020.
Como materia prima emplearon los cálculos del Producto Interno Bruto (PIB) municipal, elaborados por Adolfo Sánchez Almanza, investigador del IIEC. Lo compararon con indicadores de disponibilidad territorial de granos y otros alimentos. Además, consideraron otras variables como el equipamiento sanitario y la presencia de electrodomésticos de cocina en el hogar.
El doctor Rojas abundó sobre la metodología del proyecto:
Nosotros utilizamos un “método multivariado” de análisis, que es una técnica que se llama de Componentes Principales. Esa técnica nos permite rescatar información de las tres dimensiones de la FAO con todos sus indicadores. Después estratificamos con otra técnica, Dalenius-Hodges, y, con base en ello, obtuvimos un indicador de medición objetiva para la seguridad alimentaria en los municipios y en las regiones del país, pensando en el periodo 2000-2020.
Todo lo anterior se deriva de un cambio sustancial en el modelo económico aplicado durante décadas en México. A finales de los años ochenta, los gobiernos modificaron el enfoque: de la producción campesina para consumo doméstico se dio un giro a la apertura comercial, la desregularización financiera y una menor participación del Estado en actividades económicas estratégicas y de atención social.
Esto propició que nuestra balanza comercial agrícola llegara a saldos adversos. La situación no es, necesariamente, negativa, siempre y cuando se cumpla con las necesidades internas de distribución de comida nutricia. Sin embargo, al mismo tiempo surgieron otros factores que condicionaron los patrones de consumo alimentario.
Agustín Rojas resumió algunos resultados obtenidos con sus investigaciones:
Con el cambio de modelo económico la gente dejó de comer alimentos nutritivos. Lo que tiene que ver con procesos de urbanización rápida. Tenemos malos sistemas de distribución por parte del Estado, que no permiten tener alimentos frescos tan cerca; pero sí tenemos proximidad muy alta, por ejemplo, de productos que son altamente industrializados.
El ciclo social de los alimentos va de su producción a la circulación y, luego, al consumo. La falta de regulación estatal del dumping (práctica de vender productos por debajo de su precio de coste), aunado a la deficiente estrategia para generar alimentos esenciales, permitió la proliferación de comida ultraprocesada, tanto en los supermercados como en los establecimientos callejeros a lo largo y ancho del país. La mayoría de estos comestibles son responsables del sobrepeso y la obesidad.
El académico concluye: “No es que la gente no pueda elegir qué consumir. Sino que, en la oferta alimentaria de su contexto tienen opciones limitadas, por lo que el consumo ya viene inducido con la producción y facilitado por el control corporativo de los canales de abasto y distribución de alimentos y bebidas”.
El concepto de “soberanía alimentaria”
En 2021, José María Medina, Luz Ortega y Gloria Martínez ,de la Universidad Loyola de España, delimitaron los tres enfoques centrales de la política internacional para la alimentación en su artículo “¿Seguridad alimentaria, soberanía alimentaria o derecho a la alimentación? Estado de la cuestión”.
Los investigadores calificaron a la seguridad alimentaria como un “concepto técnico”, a la soberanía alimentaria como un “ideal reivindicativo” y al derecho a la alimentación como un “principio jurídico”.
Interesa aquí tomar el concepto de soberanía alimentaria. Emergió de la mano del movimiento internacional La Vía Campesina (https://viacampesina.org/es/), casi a la par de la propuesta de cambiar los sistemas alimentarios de abajo hacia arriba, con una fuerte aportación de la agricultura campesina a la agenda de seguridad alimentaria.
Tras 20 años de negociaciones teóricas internas, el concepto de soberanía alimentaria se formalizó en la Declaración de Nyéléni, dada a conocer en el Foro por la Soberanía Alimentaria (Selingué, Malí, febrero de 2007):
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos de definir su propio sistema alimentario, sus políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y accesibles. Que estos sean producidos de forma sostenible y ecológica, que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, que esté basado en la pequeña y mediana producción y que respete sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales. Además, que la mujer desempeñe un papel fundamental, sin que ello implique autarquía, proteccionismo o acabar con el comercio agrícola y pesquero internacional.
Gerardo Torres Salcido, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, ha sido coordinador de grupos de investigación en políticas alimentarias, desarrollo rural y sistemas agroalimentarios localizados con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la UNAM y la Unión Europea (UE).
Ha analizado, también, la relación entre seguridad y soberanía alimentarias, así como la importancia de esta última para las comunidades originarias de México. Desde Madrid, España, donde se encuentra realizando una investigación, concedió una entrevista a Nuevos Diálogos. El académico subraya que, en las comunidades locales, la búsqueda de la seguridad alimentaria
(…) puede transformarse en una soberanía alimentaria, para decidir autónomamente qué se produce y cómo se produce en las áreas rurales en las cuales las organizaciones comunitarias tienen influencia. Entonces, el qué se produce y cómo se produce no están en función de las necesidades que impongan los mercados o las políticas públicas externas a esas comunidades, sino en función de las necesidades de la cultura y de las formas productivas que se encuentran en esas organizaciones.
Para los defensores de la soberanía alimentaria, es un desafío integrar prácticas agrarias tradicionales con los constreñimientos del mercado internacional y el desarrollo sustentable, a pesar de tener un marco jurídico más o menos predefinido del derecho a la alimentación. De acuerdo con Torres Salcido, si se opta por el camino de la soberanía alimentaria es necesario que:
Los campesinos puedan comercializar sus excedentes de una manera justa y ética, pero también limitar el poder de las grandes corporaciones alimentarias, regular su intervención en las áreas rurales y eliminar los productos nocivos de la agricultura convencional. En lugar de depender de monocultivos que disminuyen la agrobiodiversidad, es necesario impulsar una transición hacia la agroecología.
En el proceso de ajustar políticas contra la malnutrición y el hambre, debe tomarse en cuenta el concepto de soberanía alimentaria para el desarrollo regional y distribuir sus excedentes recursos nutritivos en regiones cercanas a su producción.
De lujo y hambre
Coyoacán, donde se encuentra la redacción de los reporteros que esto escriben, es la cuarta alcaldía del país con el mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH). La superan Miguel Hidalgo y Benito Juárez, en la Ciudad de México, primero y segundo lugar, respectivamente. San Pedro Garza García, municipio de Nuevo León, ocupa la tercera posición, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Un viernes por la noche, después de la jornada de trabajo, afuera de una pequeña tienda de conveniencia por donde caminan estos reporteros, se encontraba una joven madre apostada sobre la acera. Su extensión corporal parecía fundirse con el piso, como una cera inánime derramada sobre la superficie de concreto. Un pequeño jugaba alrededor de ella con un objeto que nada tenía que ver con un juguete. En uno de sus flancos, un cartón con la leyenda: “Alludeme no emos comido en todo el dia cualquier moneda dios se lo page” (sic). La morenía de su rostro indígena apenas salió de su letargo cuando recibió la ayuda para decir un “gracias” con una sonrisa forzada.
No hubo preguntas para ella. Eran innecesarias. Pero las planteamos para nosotros. ¿Cómo se mide la pobreza que no tiene hogar? ¿Cómo se mide la capacidad alimentaria del ejército de migrantes con el destino incierto y que se atora en las grandes ciudades en su tránsito de México a Estados Unidos? ¿Cuántos connacionales, además de centro y sudamericanos, se encuentran en esa situación?
En Coyoacán, donde también abundan turistas que diariamente dejan una derrama económica importante en la demarcación, muchos indígenas se tienden en las banquetas y las plazas para vender sus artesanías. Sus mismos puestos de venta improvisados son su comedor. Se los ve consumiendo algún bocado cuando ya vendieron algo. Muy cerca de sus estantes callejeros hay una amplia oferta de restaurantes con una generosa carta para sus comensales. Comer en una de esas mesas, con bebidas, demanda tener por lo menos 600 pesos en la bolsa por persona. El equivalente a 2.89 salarios mínimos de acuerdo con el ajuste vigente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). ¿Cuánto ganarán al día esos comerciantes?
Otra realidad que nos recordó el profesor José Jesús Verdín con la improvisada encuesta a sus jóvenes estudiantes es que, a lo largo de nuestra historia moderna, no hemos podido alejar la pobreza de nuestros pueblos originarios. Los condenamos a abandonar sus pueblos para buscar mejor economía. ¿Cuántos estudiantes rurales que no pudieron continuar con su educación se encuentran hoy vendiendo informalmente artesanías en las ciudades, en los destinos turísticos?
Visitar cotidianamente las zonas más tradicionales y visitadas de las ciudades devela sorprendentes estampas de desigualdad. Por las mañanas, cuando llega el servicio de limpia a Coyoacán, se tiran cientos de kilos de desperdicios comestibles acumulados en los basureros de la industria restaurantera. Algunos fantasmas sociales los aprovechan.
Según el Índice de Desperdicios de Alimentos 2021, generado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el mundo se desperdician 931 millones de toneladas de alimentos al año. De ese monto, a México le corresponden casi 12 millones al año.
Medir con precisión
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se diseñó la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH). Fue uno de los programas más importantes del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Al anunciarlo, el entonces representante de la FAO para América Latina y el Caribe, Raúl Benítez, declaró que con el programa México se posicionaba muy bien en la lucha contra el hambre. Sin embargo, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la inseguridad alimentaria en México aumentó 13% en el periodo que operó la cruzada.
A un año de terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Coneval, con base en el análisis de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) 2022, que realiza cada dos años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sabemos que hubo un significativo avance en el abatimiento del hambre.
De acuerdo con el estudio, en lo que va de la actual administración 10.3 millones de personas abandonaron la condición de inseguridad alimentaria: en 2018 74 millones 863 mil 800 mexicanos gozaban de seguridad alimentaria; actualmente son 85 millones 185 mil 800 personas.
Sin embargo, tomando en cuenta el cálculo de población en el país en 2022 realizado por el Inegi, había 126 millones de mexicanos; lo que nos indica que 40 millones 814 mil 200 padecen inseguridad alimentaria, equivalentes al 31.8% de la población.
Otro dato importante podemos deducir del análisis del Coneval: si avanzamos al ritmo sostenido del actual sexenio, terminar con la inseguridad alimentaria en nuestro país nos llevaría 15 años y medio, aproximadamente; ocho años más de la meta planteada por la FAO en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de 2015, que contempla terminar con todas las formas de malnutrición en el orbe en 2030.
Más allá de los parámetros macro y regionales, soslayando ideologías, poner una mayor atención a la academia, a los análisis para mejor medir los factores que intensifican la inseguridad alimentaria, tomar en cuenta los estudios que impulsan el desarrollo regional y los sistemas agroalimentarios focalizados, daría mejores pautas para que, paulatinamente, haya menos personas con hambre o mal nutridas.
En su artículo “Soberanía alimentaria. Ética y alternativas locales”, Gerardo Torres Salcido nos dice:
La humanidad puede plantearse la posibilidad de erradicar el hambre, tal vez por primera vez en su historia, sin necesidad de recurrir a guerras y revoluciones violentas, gracias a la existencia de enormes capacidades para producir alimentos, a la eficiencia de los transportes y sobre todo a la existencia de organismos internacionales que pueden coadyuvar de una manera global a establecer las bases de la coordinación entre los gobiernos, las agencias privadas y las sociedades nacionales y locales.
En ese sentido, el trabajo de la FAO es invaluable. Pese a ello, la seguridad alimentaria genera un debate permanente entre los sectores político, empresarial, académico y social. Debate que, al materializarse en políticas públicas y en la producción agropecuaria, puede adquirir formas específicas que beneficien más a cada nación y sus regiones.
Es un cuestionamiento que, en última instancia, busca mejorar la calidad nutricional, la sostenibilidad medioambiental y económica de la alimentación. Proceso que implica una discusión retadora, pero fundamental, para el bienestar y la prosperidad colectiva.
