A grandes rasgos, el desarrollo sostenible es definido como un proceso que busca satisfacer las necesidades de la población en el presente, sin que ello comprometa la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este término hunde sus raíces en las preocupaciones que surgieron a lo largo del siglo xx con respecto a las problemáticas socioambientales. Por lo general, entre sus antecedentes se retoman la Conferencia de Estocolmo (1972), la crisis del petróleo (1973), el Informe Brundtland (1987) y las Cumbres de la Tierra de las Naciones Unidas (1992 y 2002), así como el impulso de los ecologismos y movimientos sociales de lucha territorial desde las décadas finales de la pasada centuria.
Con el tiempo, el desarrollo sostenible se ha convertido en parte fundamental de las políticas internacionales sobre medio ambiente, progreso económico y bienestar del ser humano. Se supone que persigue el equilibrio entre los aspectos naturales, económicos y sociales, a través de un enfoque integral en la toma de decisiones sobre desarrollo a nivel mundial. En coherencia con ello, para el año 2015 se concretó la Agenda para el Desarrollo Sostenible, conocida como Agenda 2030, la cual contempla un plan de acción que, adoptado por 193 países miembros de las Naciones Unidas, tiene como finalidad incidir en un conjunto de desafíos globales en aras de alcanzar, precisamente, el desarrollo sostenible. Sus aspectos clave se encuentran contenidos en 17 objetivos y abarcan una amplia gama de aristas, desde la erradicación de la pobreza y la igualdad de género, hasta la acción climática.
No obstante, es preciso construir reflexiones críticas sobre la aplicabilidad y alcance real de sus objetivos, particularmente, cuando se trata de los países del denominado Sur Global. Por ejemplo, la noción misma de “desarrollo” debería problematizarse, así como las estrategias “sostenibles” a través de las cuales se pretenden alcanzar los referidos objetivos. Todo parece indicar que esas iniciativas internacionales siguen dando prioridad a un modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico constante, sin cuestionar las estructuras de desigualdad y exclusión social que implica dicho crecimiento. Ello, además, plantea desafíos importantes cuando la receta establece acciones similares para las regiones empobrecidas y para las grandes potencias del mundo, o cuando se advierte la falta de participación de las comunidades en el proceso de toma de decisiones.
Desde esa perspectiva surgen algunas interrogantes:
- ¿Cómo se alcanza el desarrollo en países carentes de estabilidad política, sometidos a conflictos sociales o guerras, en lugares con poblaciones empobrecidas, carentes de los servicios básicos de salud y seguridad social, en sociedades con altos niveles de analfabetismo y sin acceso a educación, o con profundas brechas y desigualdades de género?
- ¿Cómo hablar de sostenibilidad en poblaciones forzadas a desplazarse de sus comunidades debido al extractivismo y destrucción de los ecosistemas y, con ello, de sus formas de vida?
- ¿Cómo atender el cambio climático, los desastres y la degradación ambiental en regiones pauperizadas, marcadas por el despojo de sus territorios a través de alianzas público-privados y de nuevas formas de colonización?
El capitalismo verde, un enfoque empresarial que pretende articular el crecimiento económico y la rentabilidad con la sostenibilidad ambiental, se ha vendido como la panacea frente a estos desafíos. Según este enfoque la clave estaría en aplicar los principios del capitalismo para impulsar actividades económicas que, aparentemente, reducen el impacto ecológico e incentivan prácticas más armónicas con el entorno. Así, la inversión en energías “limpias” y renovables, la economía circular y ciertas regulaciones ambientales, han sido las apuestas para alcanzar el anhelado desarrollo sostenible. Sin embargo, la adquisición de la tecnología necesaria para la generación de fuentes de energía alternativas requiere grandes recursos financieros, fomentando nuevas formas de inequidad entre los países. Y, aunque en comparación con los combustibles fósiles, dichas energías tienen un impacto ambiental global menor, sus consecuencias locales pueden ser significativas; pues se requieren grandes extensiones de tierra, cambios en ecosistemas locales y extracción de materias primas específicas para construir la infraestructura necesaria para parques eólicos, granjas solares y represas hidroeléctricas.
A la par, este capitalismo verde promueve la creación de nuevos mercados, por ejemplo, para la adquisición de bonos de carbono. Se trata, en realidad, de una especie de greenwashing, una estrategia oportunista para mejorar la imagen pública de empresas y regiones, sin cambios profundos en sus prácticas ambientales. Además, la compra de créditos de carbono estimula a las grandes industrias para que trasladen sus instalaciones a países con regulaciones ambientales menos estrictas, mientras eluden sus compromisos para una reducción real de las emisiones.
Finalmente, se podría regresar a lo que activista y docente ecuatoriana Melissa Moreano Venegas (2020) ha denominado la mojigatería ambiental, una conciencia ecológica que emana del propio dominio capitalista, con escasos cuestionamientos a las raíces de las injusticias socioambientales, lo que termina por reproducir o dejar inalteradas políticas promotoras de la destrucción de los territorios.
Moreano Venegas cuestiona al capitalismo verde, justamente, al señalar su tendencia a limpiar culpas sin poner en evidencia las condiciones que garanticen la reproducción y acumulación del capital. Ésta, muchas veces, se asienta en discursos discriminatorios, donde los grupos históricamente empobrecidos y subalternizados son vistos como los responsables de la degradación de la naturaleza, mientras el modelo de “desarrollo” económico capitalista es advertido como la solución, sin llamar la atención en torno a la necesidad de un ambientalismo que procure la justicia ecosocial.
| MARÍA N. RODRÍGUEZ ALARCÓN
La doctora Rodríguez es becaria del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Históricas, bajo la asesoría de la doctora María Dolores Lorenzo Río.
Fuentes adicionales:
https://www.ecologiapolitica.info/ecofascismo-uno-de-los-peligros-del-ambientalismo-burgues/
http://www.ecomodernism.org
https://restofworld.org/2020/tecnologia-tequio-cambio-climatico/
